La guerra en el Pacífico
A la dirección del Estado le ha quedado grande encarar y resolver las múltiples problemáticas de este territorio. No así a las multinacionales, carteles de diversa índole y grupos de poder que se disputan las riquezas. Salir de esta guerra implicará un libreto diferente al de la fuerza bruta.
Por Carlos Victoria (*)
El telón de fondo de la degradación del conflicto armado en el Pacífico colombiano está cimentado por la negación y la incapacidad gubernamental. Consuetudinariamente el Estado y la misma sociedad del interior ha vivido de espaldas a una realidad que, históricamente, se caracteriza por la exclusión, la discriminación y la pobreza. Estos tres factores sumados a otros tantos, como el aislamiento geográfico, son el caldo de cultivo para que el mosaico de la guerra se instale, y para rato, en este territorio de contrastes y complejidades.
Hablo con conocimiento de causa. Recorriendo los recovecos de este país he pisado cuatro municipios de esta Colombia olvidada. Buenaventura, Guapi, Tumaco y Nuquí. En todos ellos me he contagiado de la esperanza y el calor, empezando por el humano, pero también me ha impresionado la frustración y el abandono. En 1983 presencié el sepelio de dos obreros del puerto de Buenaventura que resultaron abaleados por la Fuerza Pública en medio de un paro portuario. Recuerdo el sincretismo entre consignas y alabaos de los miles de dolientes junto a los difuntos. La rabia afro mezclada con las lágrimas y la lluvia que no falta en esta región.
Un año más tarde fui invitado a un vuelo inaugural que conectaba a Guapi con la capital del Valle del Cauca. Todo un acontecimiento para una comunidad anfibia que sobrevive en los ríos, la selva y el mar. Al recibimiento de las autoridades locales se sumaron los maestros y maestras. Con pancartas en mano exigían el pago de sus sueldos. La inauguración de la ruta pasó a segundo plano, porque los docentes reclamaban justicia y dignidad para su labor. Al regreso a Cali todos los invitados fuimos a dar a clínicas y hospitales afectados por gastroenteritis: el pueblo no contaba con agua potable.
Hace 14 años arribé a Tumaco a una reunión de autoridades locales del Pacífico. La misma agenda de siempre: ¿cómo salir de la pobreza? ¿Cómo hacer que el gobierno atendiera el clamor de comunidades que subsisten sin agua potable, sin energía, sin salud, sin educación… en fin, sin oportunidades? El encuentro empezó con danzas folclóricas y biche. Hacia las seis de la tarde uno de los anfitriones exclamó: “El desarrollo aquí es otra cosa”. Comprendí que el territorio antes que nada es cultura, autonomía e identidad. La reunión resultó un festejo. Es el “lugar” como sostiene Arturo Escobar.
En 1993 pisé por primera vez Nuquí, en el golfo de Tribugá, un paraíso como lo califican los periódicos bogotanos. En realidad lo es. A menos de una hora en avión desde Pereira o a 18 en barco, por Buenaventura. Gobernantes y elites del Eje Cafetero han pugnado por construir allí un puerto de aguas profundas. A la idea se han sumado algunos chocoanos convencidos de que se trata de una oportunidad única. Los ambientalistas se oponen y el recelo cunde. La carretera que conectaría a este municipio con el interior del país “la verán mis nietos, si acaso…”, recuerdo que dijo una lugareña. Por ahora el ecoturismo comunitario es lo más prometedor: Nuquí Pacífico, se abre paso.
El Pnud publicó a finales del año pasado el informe “Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Muy pocos editorialistas, columnistas y medios se ocuparon de reseñar el documento que corrobora otros tantos diagnósticos sobre los factores que determinan la desgracia de los pueblos afros en Colombia y en particular los arraigados en el Pacífico. El documento está atiborrado de cifras, cuadros y recomendaciones. Por ejemplo el estudio subraya que en el 2009 el porcentaje de población en pobreza residente en Chocó y Cauca superaba el 70%. Admite que hacia el 2015 las metas regionales de desarrollo humano no se alcanzarán. Destaca que el desplazamiento forzado está profundizando la crisis humanitaria entre negros e indígenas.
“Un niño de Nuquí nace con un sueño: emigrar de aquí”, afirma lacónicamente su alcalde, Edward Sucre Murillo
A la dirección del Estado le ha quedado grande encarar y resolver las múltiples problemáticas de este territorio. No así a las multinacionales, carteles de diversa índole y grupos de poder que se disputan las riquezas. Las comunidades afro e indígenas resisten, desde el reconocimiento legal proferido por la Constitución de 1991, los tratados internacionales con fuerza de ley, la organización y movilización social y política en defensa de los derechos que tienen a un territorio históricamente saqueado, deshumanizado y flagelado. La biodiversidad continental y marítima es un ponqué que el Estado les ha dejado servido a los nuevos piratas. En un Acuerdo para la Prosperidad realizado en Quibdó, el presidente Santos confesó su ignorancia: no tenía idea que pesqueros de bandera extranjera dejaran aguantando a los pescadores artesanales.
Los diagnósticos y visiones desde Bogotá no solo son desacertados sino excluyentes. La Ministra de Vivienda, la pereirana Beatriz Uribe Botero, desconoce la realidad social del territorio chocoano tras proponerles a los alcaldes que la contrapartida para los programas de vivienda debe incorporar áreas dotadas de servicios públicos. La funcionaria no sabe que en el Chocó el déficit de estos es casi absoluto. Se cocina con leña porque la cobertura de energía eléctrica es la más baja de todo el país. Ni qué decir de acueductos y alcantarillados. Total: el anuncio de 20.000 viviendas sería otro tiro al aire.
No es cuestión de llenar las calles de Tumaco y otros poblados de soldados y policías, como lo critican los líderes regionales. Ni de más fragatas y cosas por el estilo. Desde este Pacífico olvidado y estigmatizado se pide no repetir el fracasado Plan Pacífico, cuyos dineros terminaron en las billeteras de una clase política especialmente depredadora de los recursos públicos. La corrupción, por supuesto, está detrás de esta tragedia, y la impunidad alienta a quebrantar más la institucionalidad, la misma que el nuevo gobernador del Chocó pretende recomponer en medio del escepticismo y la indiferencia, en alianza con su vecino de Antioquia. Los 17 municipios de la Costa Pacifica colombiana merecen una mejor suerte. Las regalías podrían ayudar, pero el riesgo de corrupción prevalece.
La violación a los derechos humos por actos terroristas indiscriminados como el ocurrido en Tumaco, el asesinato y desaparición de jóvenes, reclutamiento de niños para fuerzas contra estatales, el impresionante poder de captura que ha alcanzado el narcotráfico a la de por sí frágil institucionalidad local, la destrucción de cultivos de pan coger por las fumigaciones que pretenden erradicar los cocales, lavado de activos, entre otros hechos, hacen parte de un repertorio que da cuenta del fracaso de las políticas de seguridad y “consolidación” que, como lo afirma un informe de Wola para el caso del puerto nariñense en junio de 2011, ya auguraba la tragedia y el luto que hoy embarga al pueblo tumaqueño. Salir de esta guerra implicará un libreto diferente al de la fuerza bruta.
(*) Editor del blog Agenda Ciudadana, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Domingo 5 de febrero de 2012
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